Tal y como se establece en el Principio 10 del Pacto Mundial de Naciones Unidas, del que Viscofan es firmante, “las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”.

Este principio rige en Viscofan, se plasma en el Código de Conducta, y ha sido desarrollado y reforzado en los últimos años con la aprobación por parte del Consejo de Administración de la Política de Anticorrupción, y la Política de Prevención de Delitos, que enmarcadas dentro del Sistema de Cumplimiento normativo acreditan el compromiso del Grupo con la vigilancia permanente y la sanción de los actos y conductas fraudulentas y el desarrollo de una cultura empresarial de ética y honestidad.

Para evitar cualquier tipo de corrupción, la normativa establece unas pautas, se fomenta la comunicación y la formación en esta materia sobre actuaciones que no están permitidas y que pueden ser objeto de corrupción: soborno, extorsión, pagos facilitadores y tráfico de influencias, regalos, atenciones comerciales, donaciones y patrocinios, y relaciones con terceros. 

Por otra parte, el Comité Global de Riesgos realiza un análisis de los riesgos de fraude, cuyas posibles modalidades están reguladas en diversas políticas, a la vez que se establecen controles específicos y mecanismos para reducir la posibilidad de que ocurran. Los riesgos identificados son: conflicto de interés y fraude interno; corrupción entre particulares; y estafa y publicidad engañosa.

Adicionalmente, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo lleva a cabo la gestión más específica de los Riesgos de Ética y Cumplimiento.

La definición y valoración de los mismos es revisada, valorada, y se identifican los controles establecidos en la organización para reducir su probabilidad de materializarse. La identificación y valoración de riesgos y controles se recoge en el Mapa de riesgos de Ética y Cumplimiento identificando específicamente aquellos riegos de tipo penal.

En concreto, para la lucha contra el blanqueo de capitales el Grupo cuenta con sistema de control con políticas financieras, fiscales y comerciales, considerándose un riesgo de tipo bajo.

Cabe reportar que durante el ejercicio 2023 no se han producido actos que hayan sido objeto de acciones jurídicas relevantes relacionadas con competencia desleal, prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, ni se han abierto procesos o denuncias por incumplimiento de leyes o normativa en el ámbito social y económico.